Bogotá, Agosto 14 de 2020.

  • En un trabajo conjunto de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA) y la Superintendencia de Transporte se adelantan sendos operativos para identificar la prestación de transporte público ilegal en vehículos particulares, esto con el firme propósito de proteger la seguridad, vida e integridad de los usuarios.

 

  • Como resultado de esta cooperación institucional, por primera vez en la historia la Superintendencia de Transporte le formuló cargos a 5 personas que conducían vehículos de servicio particular, por presuntamente violar la ley de transporte.

 

  • De encontrarse responsables, los cinco investigados podrán enfrentarse a órdenes administrativa y, en caso de incumplirlas, a multas de hasta setecientos (700) smmlv.

 

Con miras a combatir la ilegalidad en el transporte público que se está presentando en época de pandemia, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA) junto con la Superintendencia de Transporte han incrementado los controles en las vías del país, en especial, en esta época, para detectar el uso de vehículos particulares e identificar a los conductores que destinen sus automotores para un servicio diferente al autorizado por ley.

De esta forma, el Gobierno nacional ha reforzado las acciones contra el transporte ilegal de pasajeros, cuando se utilizan vehículos particulares para este fin. En ese sentido, la DITRA identificó a los sujetos a quienes más veces se les han impuesto comparendos durante la pandemia, por conducir vehículos particulares en servicio diferente de aquel que fue autorizado. Los sujetos identificados operaban en diferentes partes del país como Aguachica, Cartagena, Ciénaga, Carmen de Bolívar, Santa Marta, y Riohacha, incurriendo presuntamente en lo que se conoce como “piratería” terrestre.

Al respecto, el Director de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional el General Carlos Ernesto Rodríguez, manifestó, que con todo el componente logístico y humano, con más de 7 mil hombres y mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional, se ha venido controlando permanentemente las salidas e ingresos a las ciudades capitales, cuyo único fin primordial es evitar la propagación del COVID-19, durante el inicio del aislamiento preventivo obligatorio.

Se han realizado 8.328 comparendos e inmovilizaciones por conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito, establecido en la Ley 769 (Código Nacional de Tránsito) el cual establece que “El vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días”, equivalente a 59 comparendos e inmovilizaciones diarias que por alguna razón prestaban servicio de transporte informal, siendo Bogotá la ciudad en que más se realizan planes operativos orientados a combatir la informalidad, seguida por Santander con una cifra alrededor de 1.263. Al tiempo se logró la captura de más de 293 personas por el delito de fraude a resolución administrativa, quienes aun teniendo su licencia suspendida, seguían conduciendo.  

Las investigaciones en la SuperTransporte

Sin perjuicio de lo anterior, por primera vez en la historia la Superintendencia de Transporte reconoce que ese comportamiento puede estar violando también el estatuto de transporte, lo cual somete a los infractores a una investigación administrativa ante la Superintendencia. Por lo tanto, se formularon cargos contra cinco personas, quienes presuntamente estaban prestando el servicio de transporte público en vehículos particulares.

Los infractores ya están involucrados en una posible infracción del Código Nacional de Tránsito, exponiéndose a multas equivalentes a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes (smldv).

Al respecto, el Superintendente de Transporte Camilo Pabón Almanza aseveró que “el transporte ilegal es una amenaza para nuestra sociedad. De una parte, porque compiten de forma desleal con los empresarios que sí cumplen la ley, y de otra parte porque están poniendo en riesgo de lesión o muerte a los usuarios, ya sea por accidentes de tránsito o por el contagio de enfermedades como el coronavirus COVID-19”.

“Los ciudadanos no saben las diferencias que hay entre el transporte público legal y el transporte ilegal, en cuanto a las seguridades que genera tener conductores capacitados para prestar servicio público, vehículos con alistamientos diarios y mantenimientos bimensuales, entre otros. Los usuarios deben ser responsables y no exponer de forma irrazonable sus vidas al abordar transporte ilegal”, apuntaló Pabón Almanza.

De encontrarse responsables, los cinco investigados por la Superintendencia podrán enfrentarse a órdenes administrativa y, en caso de incumplirlas, a multas de hasta setecientos (700) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Recursos

En contra la decisión de apertura de investigación y pliego de cargos no procede recurso alguno. Se garantizarán el derecho de defensa y debido proceso de conformidad con lo establecido en la ley.

La Superintendencia de Transporte continuará apoyando a los empresarios que se esfuerzan por cumplir la ley, y también usando sus facultades para combatir a quienes deliberadamente no quieren hacerlo.

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